No pierde el tiempo. La
defensa legal del indultado Alberto Fujimori pidió,
a través de un recurso de “extinción de la acción penal”, que se le excluya
del proceso en curso que afronta por la matanza de Pativilca,
caso por el que la fiscalía solicitó para él 25 años de cárcel.
Miguel
Pérez Arroyo, abogado del autócrata, solicitó el pasado 11 de enero a
la Sala Penal Nacional que
sustraiga a su cliente del juicio por efecto del derecho de gracia que recibió
junto con el indulto, informó Correo, y pidió además que se archive del
proceso penal, al amparo del artículo 129 de la Constitución Política y en el
artículo 78 del Código Penal.
La defensa de Fujimori
emplazó además al Colegiado
B de la Sala Penal a que se pronuncie sobre su
requerimiento antes de la audiencia de control de
acusación por el asesinato de seis personas en el distrito de
Pativilca, en la provincia de Barranca, en 1992, prevista el próximo 26 de enero.
Ese día, los magistrados
del colegiado Miluska
Cano (presidenta), Omar Pimentel y Otto Verapinto tendrán
que decidir si el derecho de gracia que recibió Fujimori es legal y lo eximen
del juicio penal; o si, por el contrario, rechazan ese beneficio y ordenan que
sea procesado.
“Previamente a la realización
de dicha audiencia de control de acusación (pido que) se declare la extinción
de la acción penal en contra de mi patrocinado por efecto del derecho de gracia
otorgado a su favor a través de la Resolución Suprema N° 281.2017-JUS de fecha
24-12-17”, se lee en el escrito firmado por el abogado Pérez Arroyo.
El objetivo de la defensa
del autócrata es neutralizar lo que parece ser un inminente
revés judicial, porque, según diversos juristas, el derecho de gracia a
Fujimori no se puede aplicar al caso Pativilca, porque el plazo de
instrucción del proceso comenzó en junio de 2017, es decir, no llega a los 24
meses que señala la Constitución para que la medida otorgada proceda.
Si el tribunal superior
resuelve que el derecho de gracia a Fujimori vulnera
el artículo 118 e inciso 21 de la Carta Magna sobre los plazos señalados, lo
puede anular y ordenar que el exmandatario siga siendo procesado como autor mediato de homicidio
calificado. Incluso, el colegiado podría ordenar que afronte el
juicio bajo arresto domiciliario, pese a que la fiscalía solicitó mandato
de detención.
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