La llegada masiva de los inmigrantes
venezolanos, que escapan como pueden de la catástrofe macroeconómica causada
por el gobierno de Maduro, es un evento único en la historia económica reciente
del Perú. La hiperinflación en Venezuela ha reducido enormemente los salarios
reales de los trabajadores y, para colmo de males, viene acompañada de una gran
recesión, una combinación letal similar a la que sufrimos los peruanos a fines
de los 80 durante el primer gobierno de Alan García. Esta es la fuerza básica
que genera el éxodo venezolano dirigido a cualquier lugar donde haya mejores
salarios y buenas oportunidades de empleo. El otro factor clave, que explica
porque el destino de los trabajadores venezolanos es el Perú y no cualquier
otro país vecino con similar estabilidad macroeconómica, es la política de
libre inmigración aplicada por el gobierno de PPK. Esta política está diseñada
exprofeso para fomentar esta inmigración venezolana por todos los medios
posibles, sin límite cuantitativo alguno, como ha argumentado Freyre Paulet
(2018).
En la economía mundial de hoy solo
los capitales y las mercancías atraviesan libremente las fronteras. La mano de
obra venezolana no tiene libertad para migrar masivamente a Estados Unidos o
Europa, donde hay altos salarios y muy buenas oportunidades de empleo. La libre
inmigración no existe. Termino en 1920 cuando las clases trabajadoras
adquirieron un mínimo de fuerza política en Estados Unidos, destino
privilegiado de los migrantes de la época, poco antes de la gran crisis
económica de 1930. Y la razón es simple, la inmigración masiva reduce los
salarios y aumenta el desempleo, como atestigua la literatura especializada
(Hatton y Williamson 2005). En la globalización actual, todos los países de
destino de las migraciones ponen cuotas y barreras a la entrada de mano de obra
e impiden que el mercado libre opere. Y, en las economías centrales, la libre
inmigración es regulada, trabada, y restringida por un enorme aparato estatal.
Como dijo Samuelson, en la sexta edición de su famoso libro de texto de
economía, esta política de inmigración regulada tiende a elevar los salarios
restringiendo la oferta de trabajo.
Pero el neoliberalismo criollo, que
quiere hacer exactamente lo contrario, esto es, abaratar la mano de obra
peruana a toda costa, se ha erigido en el adalid interesado de la libre entrada
de venezolanos al Perú. Los abogados defensores de esta política de libre
inmigración del gobierno de PPK sostienen que el aumento de la fuerza laboral
generado por la llegada masiva de estos trabajadores venezolanos no causará
perjuicio alguno a los trabajadores locales. Nadie perderá su empleo y a nadie
le rebajaran su salario o su ingreso si es un trabajador independiente. Como en
el cuento de la Caperucita Roja, todos salvo el lobo, van a salir ganando. Para
estos abogados defensores, que exista un gran conjunto de trabajadores locales
perjudicados seriamente por esta política de libre inmigración de PPK, no por
los trabajadores venezolanos, es una idea que solo se le puede ocurrir a un
xenófobo. La ley de la oferta y la demanda está suspendida hasta nuevo aviso:
cuando algo abunda repentinamente, su precio no baja.
Para muestra un botón. Cuando Argelia
se independizo de Francia en 1962, retornaron 900 mil personas al país europeo
en un año. La fuerza laboral francesa aumento en 1.6 por ciento por esta
repatriación de mano de obra calificada. Un estudio posterior (Hunt 1992) con
datos censales encontró que un incremento de un punto porcentual en el peso que
estos repatriados tenían en la fuerza laboral de una región cualquiera de
Francia, reducía el salario de esa región en 0.5-0.8 de un punto porcentual y
elevaba la tasa de desempleo en 0.1-0.3 de un punto porcentual entre los
trabajadores locales de esa región.
En el Perú, la fuerza laboral urbana
(población económicamente activa o PEA) era de 13 millones de personas en 2015,
según INEI. Y la mitad, 6 millones y medio, tenían entre 15 y 39 años, que debe
ser el rango de edad de estos inmigrantes venezolanos, que no se convertirán en
campesinos. Si son 130 mil los inmigrantes venezolanos que van a ingresar a la
fuerza laboral urbana, estos representarían un 2 por ciento de la PEA entre 15
y 39 años y un 1 por ciento de la fuerza laboral urbana total. Si son 260 mil
estos inmigrantes, representarían entonces un 4 por ciento de la PEA entre 15 y
39 años o un 2 por ciento de la fuerza laboral urbana total. Sería un milagro
que este significativo incremento de la fuerza laboral urbana de la economía
peruana, que ocurriría en un plazo muy corto y en un ambiente laboral
caracterizado por un sindicalismo bastante débil, no provoque una reducción del
salario promedio y un aumento de la informalidad y el desempleo. Sobre todo si
la economía urbana está paralizada desde hace cuatro años. El empleo en el
sector moderno (empresas de 10 y más trabajadores), que solo representa
alrededor del 35 por ciento de la fuerza laboral urbana, ha caído
ininterrumpidamente entre julio y noviembre pasados, según el Ministerio de Trabajo.
Ciertamente, se podría discutir
también cual sería el impacto de este incremento de la fuerza laboral sobre el
gasto en bienes y servicios de todos los trabajadores ocupados. Un punto a
tener en cuenta es que la mayoría de las familias de estos trabajadores
inmigrantes debe estar todavía en Venezuela. Eso implica que a igual salario,
un trabajador inmigrante gastará o consumirá menos que un trabajador local, y
ahorrará más, justamente para poder enviar dinero a su familia. Con lo cual,
disminuirá el gasto total de todos los trabajadores ocupados, por esta
sustitución de trabajadores locales por trabajadores inmigrantes. Y esto, igual
que la caída de la inversión privada, tiende a generar una recesión y más
desempleo e informalidad.
Los trabajadores venezolanos no
tienen un ápice de culpa ni responsabilidad alguna en la creación de esta
situación. Como muchos peruanos que han emigrado ellos solo buscan lo mejor
para sus familias. La culpa entera de lo que ocurra la tiene PPK y su política
de libre inmigración que busca reducir el salario real de los trabajadores
locales ampliando artificialmente el excedente de mano de obra que ya existe en
la economía del Perú urbano. fuente:ALAI
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