Así lo dio a conocer el director
regional de Educación, Jorge Luis Calle, quien refirió que producto de las
indagaciones por lo menos 50 docentes fueron sancionados (con destitución o cese
temporal), por encontrárseles responsabilidad.
El funcionario detalló que la
mayoría de casos se reportó en la UGEL Sullana, con 13, seguido de Talara con
12, Huancabamba con 10 casos y en Piura se registraron 11 acusaciones de los
alumnos.
Cabe resaltar que esta
información la brindó luego que el Colegio de Sicólogos mencionara que entregó
al Gobierno Regional de Piura una lista de docentes que no se encuentran
sicológicamente aptos para enseñar en las escuelas públicas.
Al respecto el titular de la DRE
señaló que desconoce la información, no obstante indicó que, lamentablemente,
la normativa del Ministerio de Educación (Minedu) no prohíbe que docentes
sancionados temporalmente postulen a una plaza para volver a las escuelas.
“Por política nacional, las
direcciones regionales no pueden dejar de contratar a los docentes con estos
antecedentes, porque el marco que regula la contratación no se prevé ningún
examen. Lamentablemente los usuarios y nosotros nos basamos en la regulación
del ministerio y cualquier elemento que colisione con ello puede ser quejado o
denunciado”, expresó.
No obstante dejó en claro que los
docentes que fueron destituidos del magisterio están impedidos de participar de
cualquier concurso. Por lo que, dijo, supervisarán de cerca las contrataciones
y el desempeño de los docentes.
Además, Jorge Luis Calle se
mostró optimista con la contratación de especialistas en convivencia en todas
las UGEL, lo cual ayudará a que los profesionales implementen la normativa que
el Minedu tiene para la protección de niños y niñas frente a estas conductas
que ya se encuentran penadas.
“También apostaremos para que el
trabajo de tutoría ayude al niño a desarrollar competencias protectoras, porque
no solo puede estar frente a docentes con conductas pedófilas sino a las de sus
familiares. Debemos tener una mirada de empoderar a los menores”, subrayó.
Cabe recordar que en el 2016, el
consejo regional aprobó una ordenanza que declara de interés público y
prioridad la seguridad y autoprotección a los educandos de las instituciones
educativas de la región.
De esta manera se busca frenar
los casos de acoso, hostigamiento y abuso sexual contra las alumnas de parte de
malos profesores, directivos y personal administrativo de los colegios.
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